(NEGRO) - Pub: EL PERIODICO Doc: 01800A Red: 86% Ed: primera
Cb: 00 Enviado por: CONTROL Dia: 22/03/1995 - Hora: 12:08 El 26 de julio de
1990 el helicóptero de Jordi Pujol fue recibido a pedradas por la Coordinadora Anti-Plan
de Residuos de Tarragona en el polígono industrial de Valls. Tras cinco años
rodando por los juzgados, la vista oral contra los presuntos apedreadores se ha
fijado para el 3 de octubre. Los que se sentarán en el banquillo sienten que la
pesadilla ha vuelto a comenzar.
Aquellas pedradas contra Pujol Tres hombres serán juzgados el próximo 3 de octubre por apedrear en 1990 el helicóptero del President REPOR TAJE ANTONI RIBAS FERRAN GERHARD Tarragona L os hechos ocurrieron en 1990, un caluroso 26 de julio en que Jordi Pujol estrenaba un helicóptero de los Bomberos de la Generalitat para visitar un puñado de poblaciones de Tarragona. Casi a mediodía, la comitiva del President afrontó la última escala prevista antes del almuerzo: la factoría de Galoben, en el polígono industrial de Valls.
No era un público amable el que esperaba a Pujol. La Coordinadora Anti-Plan de Residuos de Tarragona había organizado una concentración para que el President oyera sus reivindicaciones.
Lo lograron, pero de un modo que puede costarles la cárcel: lanzaron piedras contra el helicóptero del President y algún impacto inutilizó el aparato.
Pujol, que tras el incidente siguió con el viaje, se enteró en la siguiente escala de que los daños superaban la gravedad de las primeras estimaciones. La indignación se apoderó de él. ?No es una acción pacífica apedrear helicópteros?, espetó, y comenzó un proceso legal que acabará en los juzgados de lo penal de Tarragona el próximo 3 de octubre, fecha para la que está fijada la vista oral contra los presuntos agresores.
Josep Ramon López, Prats Jubanys, Jordi Subirats y Joan Guinovart son los procesados. La citación ha despertado una pesadilla que creían olvidada. Sólo tres de ellos irán a juicio. El cuarto, Josep Ramon López, murió en octubre en un accidente.
Joan Guinovart, arquitecto, lamenta ?los perjuicios personales y profesionales? que el suceso le ha causado. Anton Paris, su abogado, dice que es inocente. Admite que estaba en la concentración, pero como mero espectador de la agresión. La defensa denuncia que los cuatro fueron identificados aleatoriamente, basándose en fotos de una rueda de prensa de la Coordinadora Anti-Plan de Residuos.
Para el testigo Josep Pijoan, ?no hay derecho que tengan que pasar cinco años para llegar a su resolución?.
El juzgado de Valls, que cursó la denuncia de la Generalitat, archivó el caso en junio de 1991 al no encontrar responsables. Pero el Govern solicitó que se reabriera el sumario en abril de 1992 y la Audiencia de Tarragona accedió.
Entonces se identificó a los presuntos culpables y se les exigió una fianza de diez millones de pesetas como indemnización por los daños causados.
En noviembre de 1993, los alcaldes del Alt Camp y la Conca de Barberà lograron que Pujol enterrara el asunto y renunciara a la indemnización, para ?cicatrizar las heridas?, en frase del delegado del Govern en Tarragona, Josep Maldonado.
La fiscalía ha reabierto el caso por ?un delito de desórdenes públicos?. Ésta es la acusación que el 3 de octubre combatirá la defensa para librar a los inculpados de entre seis meses y un día y seis años de prisión.
Guinovart resume así el sentir de los acusados: ?Señalar a cuatro personas y maltratarlas durante tanto tiempo, con la espada de Damocles de una sentencia condenatoria sobre sus cabezas, no lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo?. n Un documento gráfico que servirá como prueba en el juicio Tarragona. Aquel 26 de julio de 1990, Jordi Pujol viajaba con dos periodistas: Antoni Ribas, de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, y Ramon Rovira, de TV-3. Cuando ocurrieron los hechos que serán juzgados en octubre, el redactor de este diario se encontraba en el interior del helicóptero apedreado. A pesar de la tensión del momento y de que el aparato estaba en pleno aterrizaje, logró realizar algunas fotografías, entre ellas ésta. La escasa calidad de las mismas no ha impedido que sirvan como prueba en el juicio. F. G.
?No es un acto pacífico apedrear helicópteros?, dijo el jefe del Govern al conocer los daños CiU perdió un paraíso electoral Las movilizaciones contra el vertedero de Forès representaron para CiU la pérdida de su paraíso agrario en el Camp de Tarragona, una reserva de votos que dio paso a un retroceso electoral del que la coalición aún no se ha recuperado.
Esos votos se fueron a las plataformas de independientes, que siguen aunando esfuerzos para estar en consejos comarcales y en la Diputación Provincial. De las carreteras y vías cortadas, el secuestro del entonces conseller Molins en Montblanc por una multitud, los ataques a la casa de Josep Gomis, entonces conseller de Governació y ahora delegado del Govern en Madrid, nació una nueva conciencia medioambiental.
La moraleja de aquellos sucesos se plasma en la Associació Josep Ramon López de Valls, creada en memoria del cuarto de los procesados, muerto en accidente. La entidad actúa divulgando temas de ecología, integración de minusválidos y sensibilización popular. Con ella, el 3 de octubre una parte de Josep Ramon estará con sus compañeros en el juzgado.
Aquellas pedradas contra Pujol Tres hombres serán juzgados el próximo 3 de octubre por apedrear en 1990 el helicóptero del President REPOR TAJE ANTONI RIBAS FERRAN GERHARD Tarragona L os hechos ocurrieron en 1990, un caluroso 26 de julio en que Jordi Pujol estrenaba un helicóptero de los Bomberos de la Generalitat para visitar un puñado de poblaciones de Tarragona. Casi a mediodía, la comitiva del President afrontó la última escala prevista antes del almuerzo: la factoría de Galoben, en el polígono industrial de Valls.
No era un público amable el que esperaba a Pujol. La Coordinadora Anti-Plan de Residuos de Tarragona había organizado una concentración para que el President oyera sus reivindicaciones.
Lo lograron, pero de un modo que puede costarles la cárcel: lanzaron piedras contra el helicóptero del President y algún impacto inutilizó el aparato.
Pujol, que tras el incidente siguió con el viaje, se enteró en la siguiente escala de que los daños superaban la gravedad de las primeras estimaciones. La indignación se apoderó de él. ?No es una acción pacífica apedrear helicópteros?, espetó, y comenzó un proceso legal que acabará en los juzgados de lo penal de Tarragona el próximo 3 de octubre, fecha para la que está fijada la vista oral contra los presuntos agresores.
Josep Ramon López, Prats Jubanys, Jordi Subirats y Joan Guinovart son los procesados. La citación ha despertado una pesadilla que creían olvidada. Sólo tres de ellos irán a juicio. El cuarto, Josep Ramon López, murió en octubre en un accidente.
Joan Guinovart, arquitecto, lamenta ?los perjuicios personales y profesionales? que el suceso le ha causado. Anton Paris, su abogado, dice que es inocente. Admite que estaba en la concentración, pero como mero espectador de la agresión. La defensa denuncia que los cuatro fueron identificados aleatoriamente, basándose en fotos de una rueda de prensa de la Coordinadora Anti-Plan de Residuos.
Para el testigo Josep Pijoan, ?no hay derecho que tengan que pasar cinco años para llegar a su resolución?.
El juzgado de Valls, que cursó la denuncia de la Generalitat, archivó el caso en junio de 1991 al no encontrar responsables. Pero el Govern solicitó que se reabriera el sumario en abril de 1992 y la Audiencia de Tarragona accedió.
Entonces se identificó a los presuntos culpables y se les exigió una fianza de diez millones de pesetas como indemnización por los daños causados.
En noviembre de 1993, los alcaldes del Alt Camp y la Conca de Barberà lograron que Pujol enterrara el asunto y renunciara a la indemnización, para ?cicatrizar las heridas?, en frase del delegado del Govern en Tarragona, Josep Maldonado.
La fiscalía ha reabierto el caso por ?un delito de desórdenes públicos?. Ésta es la acusación que el 3 de octubre combatirá la defensa para librar a los inculpados de entre seis meses y un día y seis años de prisión.
Guinovart resume así el sentir de los acusados: ?Señalar a cuatro personas y maltratarlas durante tanto tiempo, con la espada de Damocles de una sentencia condenatoria sobre sus cabezas, no lo deseo a nadie, ni a mi peor enemigo?. n Un documento gráfico que servirá como prueba en el juicio Tarragona. Aquel 26 de julio de 1990, Jordi Pujol viajaba con dos periodistas: Antoni Ribas, de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, y Ramon Rovira, de TV-3. Cuando ocurrieron los hechos que serán juzgados en octubre, el redactor de este diario se encontraba en el interior del helicóptero apedreado. A pesar de la tensión del momento y de que el aparato estaba en pleno aterrizaje, logró realizar algunas fotografías, entre ellas ésta. La escasa calidad de las mismas no ha impedido que sirvan como prueba en el juicio. F. G.
?No es un acto pacífico apedrear helicópteros?, dijo el jefe del Govern al conocer los daños CiU perdió un paraíso electoral Las movilizaciones contra el vertedero de Forès representaron para CiU la pérdida de su paraíso agrario en el Camp de Tarragona, una reserva de votos que dio paso a un retroceso electoral del que la coalición aún no se ha recuperado.
Esos votos se fueron a las plataformas de independientes, que siguen aunando esfuerzos para estar en consejos comarcales y en la Diputación Provincial. De las carreteras y vías cortadas, el secuestro del entonces conseller Molins en Montblanc por una multitud, los ataques a la casa de Josep Gomis, entonces conseller de Governació y ahora delegado del Govern en Madrid, nació una nueva conciencia medioambiental.
La moraleja de aquellos sucesos se plasma en la Associació Josep Ramon López de Valls, creada en memoria del cuarto de los procesados, muerto en accidente. La entidad actúa divulgando temas de ecología, integración de minusválidos y sensibilización popular. Con ella, el 3 de octubre una parte de Josep Ramon estará con sus compañeros en el juzgado.
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